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De Vicente David Rojas Paico. Democracia y transparencia


DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA

A partir de la modificación del capítulo XIV de la Constitución[1], se dio inicio a un cambio en la organización política del Estado, que a su vez generó una tendencia creciente a relevar el tema de la transparencia en la gestión pública como uno de los aspectos esenciales de las denominadas prácticas de buen gobierno; según PEASE (2008),[2] “el principal problema de la democracia representativa es de que ésta no funciona porque los representantes no representan; los que gobiernan no lo hacen de cara a la representación para tratar de adecuar sus actos a ella, y los resultados no llegan a las mayorías (rendición de cuentas o concertación de alternativas futuras). La democracia actual genera una acumulación de ilegitimidad y un cinismo institucionalizado”.

Ad portas de una renovación por parte de la ciudadanía para elegir a sus gobernantes regionales y locales, no se puede pasar por alto que el proceso de descentralización se inscribe en una voluntad nacional de revalorar los espacios locales y regionales, sin olvidar la importancia de una dirección política nacional, la que también será renovada el próximo año. Promover el derecho de acceso a la información[3] como un derecho fundamental ha encontrado acogida en la sociedad civil y en las instituciones públicas. No obstante, queda mucho por hacer para revertir la llamada “cultura del secreto”, internalizada en el aparato estatal desde los inicios de la República, resultan evidentes los avances obtenidos en la normatividad sobre esta materia y la puesta en práctica de las obligaciones que de allí se derivan.

La defensa de la libertad de expresión y la elaboración de los marcos legales e institucionales para promover y permitir la participación ciudadana, han sido materia de una particular atención, habiéndose producido avances significativos en el objetivo de promover una cada vez más activa de la vigilancia ciudadana.

Al igual que el narcotráfico y el terrorismo, la corrupción es un antiguo mal que corre la sociedad; a finales del siglo XIX, Manuel Gonzales Prada criticaba acremente a la oligarquía que luego de la guerra con Chile se enquistó como clase política en el poder. Conforme lo señala MERINO (2010) acerca de la corrupción,[4] “…su naturaleza sigilosa y mutante hace que necesitemos de pruebas y evidencias para advertir su existencia y su carácter inmensamente tóxico. La corrupción necesita ser mostrada y demostrada, requiere de una tecnología que saque a la luz pública sus ramificaciones, sus modalidades y sus terribles consecuencias en el mundo público y en el mundo privado de las personas”.

Continúa señalando la Defensora del Pueblo, en la presentación del Documento Defensorial Nº 12, con suma claridad y valentía, lo siguiente: “Se requiere, (…), un esfuerzo de conocimiento orientado hacia el Estado pero también hacia la sociedad, y dentro de ella, a la conciencia individual de la persona humana, el reducto final en el que se libran las grandes batallas.

Un primer gran compromiso, entonces, es el de no callar frente a la corrupción, porque el silencio oscurece la realidad y beneficia al corrupto. Y callar significa pasar de costado frente al soborno, dejarse intimidar por los corruptos, creer que el negociado es casi una condición de operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas. Ese silencio ciudadano equivale a impunidad y la impunidad multiplica los efectos perniciosos de la corrupción al dejar que sus ilícitas operaciones continúen extendiéndose.

Pero hay que entender la complejidad del problema. Estado y ciudadanos debemos entender primeramente que el control del poder es quizá el tema más importante de las democracias modernas. Hay que recordarle a la autoridad pública que el poder es limitado y transitorio y tiene su origen en la voluntad ciudadana.

En nuestro país, la tentación de gobernar en el secreto sigue estando presente. En ese sentido, mantener al ciudadano en la ignorancia de los asuntos públicos supone anular su capacidad de reclamo y darle a la autoridad un peligroso margen de maniobra y discrecionalidad para entrar y salir de la legalidad. La autoridad honesta no tiene porqué pensar que el control la debilita.

Si los controles fallan, los efectos de la corrupción pueden ser destructivos para una sociedad, por su capacidad de penetración en casi todos los ámbitos de la vida pública y privada. En ese escenario, la impunidad termina siendo la peor respuesta a la corrupción por las consecuencias que acarrea. No controlar y no sancionar es pues un error estratégico que no debemos cometer y menos aceptar que ocurra (…)”.

 

Según el Tercer Reporte 2009 de la Supervisión de los Portales de Transparencia de los Gobiernos Regionales, que efectuó la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales alcanzaron un nivel general de cumplimiento de 66%. Ello se debió a un bajo nivel de cumplimiento en la difusión de la información sobre adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, y la referida a prácticas de buen gobierno. Hubo una disminución de tres puntos porcentuales en relación al 69% obtenido en el segundo reporte.

Según el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del mes de mayo del año en curso, frente a la pregunta ¿Con cuál de las siguientes situaciones asocia usted en mayor medida el término corrupción? Las respuestas fueron: Apropiarse de dinero o propiedades públicas 24%, Conseguir beneficios particulares aprovechando un cargo público 15%, Promover campañas de solidaridad y quedarse con lo entregado (cuando hay terremotos, incendios, etc.) 13%, Contratar a sus allegados y/o parientes dentro del Estado 12%, Hacer obras públicas en tiempo de campaña 11%, Hacer una gestión diferente a la prometida en campaña 9%, Participar e incentivar acciones contrarias a la ley para beneficio propio 7%, Despedir a los funcionarios encontrados al asumir el cargo 4%, Otro 2%, No precisa 3%.

 

Frente a lo expuesto, concluimos que la obligación de quienes, a partir del 1º de enero del 2011, pretenden ser gobernantes regionales o locales, es la de plasmar en sus planes de gobierno, propuestas de control preventivo para la dura y ardua lucha contra la corrupción enquistada en nuestra sociedad.

Huacho, Junio del 2010


[1] Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización (publicada el 07/03/2002).

[2] PEASE GARCÍA, Henry (2008). Reforma Política. Para consolidar el régimen democrático.

[3] Constitución. Artículo 2º, numeral 5.- Toda persona tiene derecho: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. (…)

[4] MERINO LUCERO, Beatriz (2010). Defensoría del Pueblo, Ética Pública y Prevención de la Corrupción. Documento Defensorial Nº 12

Lista de Normas, Recomendaciones y Directrices de la OMPI


Todos los documentos que se indican a continuación están sólo en formato PDF.  La mayoría de los ficheros PDF contienen etiquetas de accesibilidad.

http://www.wipo.int/standards/es/part_03_standards.html#group-c

Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE


Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds008-2008.pdf