Petróleo.. en la nueva sección “Energías”

El valor en libros de Petroperú

La Ley 30130 dice que podrán venderse en la Bolsa de Valores hasta el 49% de las acciones de Petroperú. Esta Ley modificó lo dispuesto por la Ley 29817 de diciembre del 2011, que fijó 20% como tope de las acciones a venderse. En su momento dijimos que este 49% no era gratuito y escondía otras intenciones.

Veamos. Al venderse el 20%, de inmediato habría participación de capital privado en el Directorio. Es el caso, por ejemplo, de la colombiana Ecopetrol (que a la fecha ha vendido el 12% de las acciones y tiene también un tope de 20%). Los representantes de los accionistas minoritarios integrarían las Comisiones de Buen Gobierno Corporativo y, desde allí –así como en otras instancias a crearse– fiscalizarían las compras y ventas de activos y de productos, así como las inversiones por realizarse. En una palabra, todas las actividades de la empresa.

Por tanto, si se quiere modernizar, basta con el 20%. Queda claro, por oposición, que el 49% expresa otra voluntad política: la de privatizar la empresa. Que el gobierno lo pueda hacer o no es harina de otro costal. Mientras, es importante señalar algunos elementos que permitan apreciar cuánto vale Petroperú.

Para algunos, Petroperú vale lo que dicen los libros contables: a diciembre del 2012, el patrimonio estaba valorizado en S/. 2,759 millones, unos US$ 1,000 millones. Pero esa valorización es puramente contable, ya que no toma en cuenta que Petroperú es “un negocio en marcha”. Y como tal, tiene una amplia cartera de clientes, una reputación positiva debido a la calidad de sus productos. Y así.

Todo este activo intangible (“goodwill” en inglés) es muy difícil de valorar. Pero existe. Ahora bien, si la empresa cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores, la cosa es más fácil, ya que los inversionistas lo incorporan al precio de la acción. Esto significa, entonces, que el valor de ninguna manera puede ser el valor “de libros”.

Pero hay más. Sucede que los diferentes gobiernos le niegan a Petroperú ingresos que le corresponden. Uno de los más importantes es la recuperación del crédito fiscal del IGV por vender combustibles en la Amazonía. Desde el 2000 hasta el 2010 la empresa declara que el monto asciende a S/. 1,034 millones. Y en el 2011 y el 2012 la cifra fue S/. 234 y 224 millones, respectivamente.

Esta cantidad no es menor, si consideramos que en años “normales” (cuando no hay grandes fluctuaciones en los precios del petróleo), las utilidades de Petroperú oscilan alrededor de los S/. 400 millones anuales. Por tanto, cualquier cálculo del valor de la empresa debería incluir esta cifra.

Una fórmula más apropiada es el método del flujo de caja descontado, que consiste en proyectar los ingresos y egresos futuros de la empresa. Con este método, no solo debe incorporarse el crédito del IGV sino, también, la modernización y ampliación de la Refinería de Talara, que producirá 50% más de combustibles y de mejor calidad.

Y también los ingresos del Lote 64, de propiedad de Petroperú, que cuenta con 55 millones de barriles de reservas probadas. A un precio de US$ 100/ barril son US$ 5,500 millones de ingresos, siendo las utilidades el 30 a 40% de ese valor.

Otro: El Oleoducto Norperuano va a trasladar mayores cantidades de petróleo, proveniente de la producción de petróleo del Lote 67 de Perenco y, también, de la producción propia del Lote 64. A lo cual están por sumarse nuevos anuncios de producción de petróleo en la zona. Ergo, aumentan los ingresos.
Más renta petrolera debería provenir de los lotes de Talara, que fueron de Petroperú hasta su privatización en los años 1992 y 1996. Ahora que están venciendo los contratos, debieran volver a Petroperú. Esa fue la política al inicio del actual gobierno. Pero las cosas han cambiado, pues se contempla que Petroperú ingrese con solo el 25%. Peor aún, con la Ley 30130 ya la empresa no participaría. Punto.

Hay más temas y proyectos. En octubre se vence el contrato de los Terminales en todo el litoral. Su licitación (o su vuelta a Petroperú), generarán mayores ingresos (o costos menores), mejorando el flujo de caja. Lo mismo con las plataformas marinas arrendadas a Savia por US$ 10 millones anuales en 1993.

Toca redefinir este arriendo por los últimos 10 años de contrato y la cifra debiera triplicarse.

De otro lado, Petroperú paga S/. 35 millones anuales a los pensionistas de la Ley 20530, obligación que no tiene ninguna empresa privada. Este pago debe ser asumido por el Estado, lo que también mejora el flujo de caja.

Como se aprecia, Petroperú está lista para el gran salto, lo que incluye las mejoras de gestión del Buen Gobierno Corporativo. Y absolutamente excluye que se calcule su valor “a precios de libro”.

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